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Salario mínimo en Colombia: Consejo de Estado alista fallo clave que puede cambiarlo todo sobre el incremento

Tensión por el salario mínimo: Petro convoca a huelga general ante inminente fallo del Consejo de Estado

Carlos Salas633 palabras

La puja por el incremento del salario mínimo en Colombia entra en su fase más crítica. La Sección Segunda del Consejo de Estado cerró formalmente la etapa de pruebas y unificó en un solo expediente las múltiples demandas presentadas por gremios económicos y ciudadanos contra la norma que fijó el ajuste salarial para el año 2026 . Con esta decisión, el alto tribunal dejó listo el borrador que determinará la legalidad del decreto emitido por el Ejecutivo.

El centro del litigio jurídico se enfoca en las demandas acumuladas contra el Decreto 0159 de 2026, el cual fijó el salario mínimo mensual en $1.750.905 . Los demandantes argumentan que el ajuste decretado contravino los parámetros legales de la negociación tripartita y superó los límites de inflación y productividad, comprometiendo la sostenibilidad de las pequeñas y medianas empresas.

El trasfondo del Decreto del Salario Mínimo

La revisión judicial gira en torno al marco normativo que estableció el salario mínimo mensual en $1.750.905 (tras haberse decretado un incremento inicial del 23 %).

Posición de los demandantes : Gremios empresariales y sectores civiles sostienen que la magnitud del ajuste sobrepasó los parámetros técnicos habituales de inflación y productividad, alegando potenciales distorsiones en la generación de empleo formal y riesgos de sostenibilidad financiera para las pequeñas y medianas empresas.

Objeto de la demanda : Los demandantes buscan la nulidad de los decretos expedidos para el ajuste del "salario vital" bajo el argumento de presuntas irregularidades en el proceso de concertación y desproporción económica.

Dura embestida de Petro a la justicia

El avance del proceso en los estrados judiciales provocó una fuerte reacción política por parte del expresidente Gustavo Petro . A través de su cuenta en la red social X, el exmandatario cuestionó severamente la independencia del Consejo de Estado y advirtió que revocar la cifra fijada impactará directamente el poder adquisitivo de las familias trabajadoras.

"Trabajadores de Colombia, el Consejo de Estado hoy es una oficina de la Casa de Nariño, lástima, pero aquí revocaron el salario mínimo vital que es el mínimo ingreso que garantiza la vida de cualquier familia trabajadora y de todas con una sola firma de un burócrata adinerado...", manifestó Petro en su mensaje.

El expresidente sostuvo que tumbar el denominado "salario vital" destruirá el consumo interno, llevando al empresariado a la quiebra y arriesgando a la clase media a caer nuevamente en la pobreza. Asimismo, equiparó las eventuales repercusiones de la decisión judicial con un escenario de "bancarrota" e inestabilidad social.

Llamado a la huelga general

Ante el inminente pronunciamiento de la magistratura, Petro elevó la tensión institucional haciendo un llamado directo a la movilización masiva y a la huelga general . La convocatoria no estuvo dirigida exclusivamente a las centrales obreras tradicionales, sino que buscó involucrar a trabajadores informales, del campo y del sector servicios.

"No llamo solo a las centrales obreras, llamo al trabajador y trabajadora de la calle y del campo y del taller y la oficina a moverse , a mover el esqueleto por el derecho al salario vital. Le declaran la guerra al pueblo trabajador y el pueblo trabajador debe responder con millones de personas en las calles hacia la huelga general...", concluyó.

El Consejo de Estado no ha anunciado una fecha exacta para la notificación oficial de la sentencia . No obstante, tras la unificación del expediente, la decisión definitiva podría conocerse en cuestión de días, en medio de una fuerte expectativa económica y una creciente polarización en el debate público nacional.

Con la etapa probatoria formalmente cerrada, la Sección Segunda del Consejo de Estado se alista para expedir la sentencia definitiva. El fallo definirá si el decreto guarda plena conformidad con los principios constitucionales o si, por el contrario, requiere ajustes o anulaciones, en un ambiente de marcada polarización política y amenaza de paros nacionales.

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