A los 80 años, una mujer vendió su apartamento, pero siguió de inquilina: 5 años después, los nuevos propietarios querían que se marchara para hacer reforma y ella se negó
Un caso con similitudes al de Maricarmen, pero que ocurrió en Franciac
Nueva historia relacionada con alquileres y desahucios, después de que Amina, una mujer de 85 años residente en París, Francia , se enfrente a las presiones de los propietarios de la vivienda donde habita para que abandone el inmueble.
La octogenaria vendió este piso de tres habitaciones a los 80 años a través de un acuerdo por el que podía permanecer como alquilada por 750 euros mensuales, pero ahora, cinco años después, los actuales propietarios quieren que se marche para reformar el piso y dividirlo en dos.
Amina se ha negado a ello, lo que hizo que los caseros le planteasen tres opciones: trasladarse a un estudio en la planta baja, ceder la mitad de la casa para su división o rescindir el arrendamiento. De no aceptar ninguna de ellas, la amenazaron con una subida del alquiler para compensar su “pérdida de ingresos”.
¿Qué dice y a quién protege la ley en Francia?
La abogada Hélène Gilliot, del Colegio de Abogados de París, explicó, en declaraciones al medio L’Independant, que las rentas solo pueden actualizarse según el índice oficial de referencia. La Ley del 6 de julio de 1989 protege a los inquilinos: “El desalojo solo procede al finalizar el contrato trienal y únicamente por recuperación para uso personal, venta con derecho de preferencia o falta grave del arrendatario”.
Es decir, la intención de dividir el inmueble no es una necesidad, sino una forma de obtener más ingresos, por lo que la ley no les apoyaría. Gilliot califica esto como una “expropiación privada” y una vulneración directa del contrato.
La experta recomienda, en estos casos, no firmar documentos, verificar los vencimientos contractuales e impugnar cualquier notificación irregular ante los tribunales, lo que garantiza el derecho de la inquilina a permanecer en la vivienda mientras se resuelve el procedimiento judicial. Además, cualquier salida pactada exigiría una indemnización para Amina por los daños ocasionados.
