La cuestión que deja Niño Becerra: "¿Querrá esto decir que a todo inquilino que diga que no puede pagar no podrá ser desahuciado hasta 2030?"
El economista deja una reflexión sobre la situación de la vivienda en sus redes sociales
Las nuevas medidas de vivienda aprobadas por el Consejo de Ministros han abierto dudas sobre el alcance real de la protección frente a los desahucios y de las prórrogas de los contratos de alquiler. El economista Santiago Niño Becerra ha puesto el foco precisamente en la interpretación de estas medidas y en sus posibles consecuencias sobre el mercado de la vivienda.
"Las medidas aprobadas en Consejo de Ministros incluyen la protección frente a los desahucios ampliada hasta 2030 (...) y la prórroga de dos años de los contratos en vigor que finalizan antes del 31 de diciembre de 2028" , señala Niño Becerra al plantear sus dudas sobre el alcance de la nueva regulación.
Niño Becerra:"Qué se prorroga dos años, cualquier contrato que venza antes del 31 de diciembre de 2028"
La primera cuestión que plantea el economista tiene que ver con la protección frente a los desahucios. La ampliación hasta 2030 no significa que cualquier inquilino que afirme no poder pagar quede automáticamente protegido frente a un procedimiento de desahucio durante ese periodo. La suspensión está vinculada a determinados supuestos y requisitos relacionados con la situación de vulnerabilidad y la ausencia de una alternativa habitacional.
La segunda duda se refiere a los contratos de alquiler. La medida contempla una prórroga extraordinaria de determinados contratos de vivienda habitual que finalicen antes del 31 de diciembre de 2028 , pero esto no equivale a establecer que cualquier contrato que llegue a su vencimiento antes de esa fecha pueda ampliarse automáticamente durante dos años con independencia de sus circunstancias.
Niño Becerra pone así el foco en la letra pequeña de unas medidas que afectan directamente a propietarios e inquilinos y que deberán completar su tramitación parlamentaria. "En mi opinión, ese no es el camino" , concluye el economista, cuestionando el enfoque elegido para abordar el problema de la vivienda.
Su planteamiento sitúa el debate en una cuestión más amplia: hasta qué punto las medidas destinadas a proteger a los inquilinos pueden resolver por sí solas las dificultades del mercado residencial. El precio del alquiler, la escasez de vivienda disponible y la evolución de la demanda forman parte de un problema que afecta de manera diferente a cada territorio y que ha convertido la vivienda en uno de los principales asuntos económicos y sociales de España.
