Gonzalo Bernardos, economista, explica por qué España apenas tiene 318.000 viviendas públicas: "Gestionarlas es un marrón"
El economista analiza las dificultades de gestión de la vivienda pública en España

G onzalo Bernardos , economista y profesor de la Universidad de Barcelona, ha puesto el foco en uno de los grandes problemas del mercado inmobiliario español : la escasez de vivienda pública . En un mensaje publicado en sus redes sociales, el experto ha señalado algunas de las dificultades que, a su juicio, explican por qué las administraciones no amplían este parque de inmuebles.
"¿Por qué no hay más vivienda pública en España (solo 318.000 en 2025)? Porque gestionarlas es un marrón y una gran fuente de problemas políticos", comienza su publicación. A continuación, Bernardos apunta a dos de los principales obstáculos que, según su análisis, afrontan las administraciones: "Elevada tasa de impagos y gran gasto en reformas por su deficiente conservación".
El economista pone así el acento en los problemas que pueden surgir después de construir o adquirir viviendas públicas . Su argumento es que mantener estos inmuebles y gestionar los alquileres también implica costes y dificultades para las administraciones, más allá de la inversión inicial necesaria para aumentar la oferta .
España tiene un parque de vivienda pública muy reducido
La cifra que menciona Bernardos refleja una de las principales debilidades del mercado inmobiliario español. El Plan Estatal de Vivienda 2026-2030 , publicado en el Boletín Oficial del Estado , recoge que el parque de viviendas de titularidad pública de ámbito autonómico y municipal apenas alcanza las 318.000 unidades , lo que representa alrededor del 1,7% de los hogares del país.
El mismo documento señala que el parque de alquiler social en España , entendido como las viviendas que se alquilan por debajo de los precios de mercado, representa aproximadamente el 3,5% de los hogares. El porcentaje se sitúa por debajo de la media de la Unión Europea, que ronda el 9%, según los datos recogidos en el plan estatal.
Estas cifras ayudan a dimensionar el reto al que se enfrentan las políticas públicas de vivienda. La escasez de inmuebles disponibles limita la capacidad de las administraciones para ofrecer alternativas de alquiler asequible a los hogares con mayores dificultades para acceder al mercado libre.
Los impagos y el mantenimiento, en el centro del debate
En su publicación, Bernardos destaca dos cuestiones relacionadas con la gestión cotidiana de estas viviendas. La primera es el impago de los alquileres , que puede dificultar la recuperación de los ingresos previstos por las administraciones y complicar la gestión económica del parque público.
La segunda es el coste de las reparaciones y las reformas . El deterioro de los inmuebles puede exigir inversiones para mantenerlos en condiciones adecuadas de habitabilidad, lo que supone un gasto adicional para las entidades responsables de su conservación.






