Luz verde cautelar para Repsol: Hacienda no cobrará, por ahora, el millonario impuesto a las energéticas
Una queja que el consejero delegado de la compañía ya trasladó en marzo de este año
La Audiencia Nacional ha decidido frenar en seco la ejecución de una reclamación que ascendía a 120,3 millones de euros (120.305.764,68 euros exactos) correspondiente al tributo energético de 2024 para Repsol que debía pagar a Hacienda.
Al sumar esta cifra a la orden dictada el 24 de junio de 2026, que congeló otros 152,4 millones de euros (152.415.736,35 euros) del ejercicio 2023, Repsol mantiene a salvo de forma preventiva un volumen total de 272,7 millones de euros.
El 9 de julio, el Tribunal Económico-Administrativo Central (TEAC) rechazó la impugnación de Repsol. El 28 de septiembre de 2026, la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional dictó el nuevo auto de suspensión. Y, ahora , la Abogacía del Estado optó por no oponerse a la medida cautelar, lo que facilitó el fallo en favor de la empresa energética.
Esta medida no perdona la deuda ni le da la victoria final a Repsol, sino que paraliza temporalmente el cobro para proteger su liquidez mientras se resuelve el juicio, eso sí, la AEAT debe validar que el aval bancario cubre la cuantía reclamada, recargos e intereses a dos años.
Todo el conflicto proviene del impuesto aprobado por la Ley 38/2022 tras la guerra en Ucrania, por el que se exigía un 1,2% de la facturación en España durante 2023 y 2024 a las grandes compañías energéticas que ingresaron más de 1.000 millones de euros en 2019.
Josu Jon Imaz: “Hasta el momento no se ha visto un objetivo real para tal medida a nivel europeo”
El consejero delegado de Repsol, Josu Jon Imaz , ya advirtió de lo que esto podría suponer si no se paraba: “ Hasta el momento no se ha visto un objetivo real para tal medida a nivel europeo. Este tipo de gravámenes confiscatorios no van a aparecer esta vez ni en Europa ni en España”.
"Sufres confiscaciones, no vas a invertir más para garantizar el suministro. Si no tienes el incentivo de los beneficios, el incentivo legítimo de ganar dinero, socavaría la seguridad del suministro y erosionaría la competitividad de la industria europea en este momento crítico”, señaló.
“Así que, desde mi punto de vista, este tipo de debates crean incertidumbre regulatoria, desvían recursos de la inversión y también ponen en riesgo los proyectos que necesitamos para descarbonizar nuestra industria y nuestra economía y, por supuesto, el riesgo es empeorar el riesgo de seguridad del suministro en los próximos meses en Europa ", sentenció en una rueda de prensa en marzo de este mismo año 2026.
