Del contrato de 1956 al desahucio: la historia de Maricarmen, la anciana que su padre alquiló hace 70 años
El fin de una subrogación legal aboca al desalojo a una vecina vulnerada
En 1956, cuando el padre de Maricarmen firmó el contrato de arrendamiento en el distrito madrileño de Retiro, España se regía por una normativa que garantizaba la prórroga forzosa del inquilinato . Aquel acuerdo convirtió el inmueble de la calle Alcalde Sainz de Baranda en el hogar familiar durante siete décadas. Maricarmen creció entre esas paredes, vio pasar el siglo y permaneció en la vivienda tras el fallecimiento de sus progenitores, amparándose en el régimen de renta antigua que permitía subrogar el contrato a los descendientes directos.
Sin embargo, el marco legal dio un vuelco con las reformas de la Ley de Arrendamientos Urbanos. Tras la venta del edificio a un fondo de inversión , la empresa propietaria alegó que la segunda subrogación del contrato había expirado. La ley solo contempla mantenerla de forma indefinida en casos de minusvalía superiores al 65% ; Maricarmen , con movilidad reducida por varias operaciones de cadera, tiene acreditado un 50 % , lo que dejó expedida la vía judicial para declarar extinto su alquiler.
El desahucio de Maricarmen: un drama social en las aulas del juzgado
A sus 87 años, Maricarmen enfrenta la ejecución de su desalojo pese a cobrar una pensión de 1.450 euros , importe insuficiente para asumir la propuesta de la propiedad de elevar el alquiler a 2.650 euros mensuales. Apoyada por el Sindicato de Inquilinas y tras el intento mediador de distintas instituciones, el fallo judicial impuso su lanzamiento. Su caso encarna la vulnerabilidad de la tercera edad ante la presión inmobiliaria y el ocaso definitivo de los contratos protegidos del siglo XX.
El desenlace tras años de resistencia judicial
La historia de Mari Carmen Abascal ha culminado con la ejecución del lanzamiento por parte de la comitiva judicia l y bajo un amplio despliegue policial, pese a la concentración de cientos de vecinos y activistas que intentaron frenarlo. Las tentativas del Ministerio de Vivienda para adquirir el inmueble o negociar un alquiler asequible resultaron infructuosas frente a la negativa de la empresa propietaria. A pesar de los llamamientos de organismos internacionales como la ONU para evitar el desalojo de una persona mayor y con discapacidad, la vecina se ha visto forzada a abandonar la vivienda que habitó desde los 17 años , convirtiéndose en el símbolo más amargo de la extinción de las rentas antiguas en las grandes ciudades.
