El Gobierno aprueba hoy la constitución de un mando único y declarará en Ceuta la "situación de interés para la seguridad nacional"
Ese mando único estará dirigido por el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, y este contará a su vez con un comité especializado
La crisis migratoria de Ceuta estalló hace un mes y es ahora cuando se toman medidas . El Ejecutivo aprueba este martes la constitución de un mando único y declarará en Ceuta la "situación de interés para la seguridad nacional" . Todo después de que el pasado 30 de julio fuera la Asamblea de Ceuta la que lo solicitara.
Por tanto, el Gobierno central deberá coordinar de forma urgente y reforzada todos los recursos del Estado para "proteger la libertad, los derechos y el bienestar de los ciudadanos" ante hechos que comprometan la seguridad. Hace un mes el Gobierno no lo vio necesario porque ya había movilizado al Ejército y a efectivos policiales para contener una entrada masiva que terminó cifrándose en 80.000 personas, pero ahora la situación cambia en forma.
De ese modo, se establecerá un mando único que estará dirigido por el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, y este contará a su vez con un comité especializado integrado por otros miembros del Gobierno, el CNI, el Departamento de Seguridad Nacional y el presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas.
El motivo de esta toma de decisión ahora y no hace 26 días la ha dado el vicepresidente económico, Carlos Cuerpo, y señaló que "la situación entró hace unos días en una fase bastante más amplia en la que cada vez tiene más importancia el elemento de la coordinación para ser lo más eficientes y rápidos posibles" .
Para empezar, con esta nueva asignación, se pretende corresponder las demandas de sectores como el sanitario o del ámbito de la seguridad. Cuerpo dejó claro que su principal objetivo será agilizar la gestión de los expedientes de cada inmigrante que permanece en territorio ceutí, el asunto que más urge a una ciudad que en estos momentos soporta una carga asistencial del equivalente al 10% de su población y la obligación legal de resolver la situación de cada persona extranjera de manera individual, especialmente en el caso de los menores, más de 2.900, según el Gobierno.
