El juez Llarena paraliza temporalmente la amnistía de Puigdemont pese a las órdenes del tribunal de Justicia de la Unión Europea
El magistrado separa los delitos de malversación de la ley promulgada en 2024

Los movimientos independentistas en Cataluña durante una serie de años acabaron con la declaración de la independencia de la mencionada región el pasado 27 de octubre de 2017, tras las votaciones realizadas a principios de mes. En el momento en que fue anunciada la independencia, el estado español aplicó el artículo 155 de la Constitución por el que la nación disolvió el parlamento autonómico y convocó nuevas elecciones.
Años después, debido a los pactos de gobierno que se han tenido que llevar a cabo a lo largo de la última legislatura, se acabó aprobando la Ley de amnistía por la cual a una serie de los movilizadores del referéndum del 2017 se les perdonaron una serie de delitos cometidos durante dicha consulta.
Algunos de los nombres beneficiados por esta Ley Orgánica 1/2024 de Amnistía han sido los de Meritxell Serret, Anna Simó, Lluís María Corominas, Ramona Barrufet o Lluís Guinó, entre muchos otros.
El Constitucional revisará el 22 de septiembre los primeros recursos sobre la ley de amnistía
Sin embargo, una de las personas que no ha conseguido beneficiarse de dicha amnistía ha sido el propio Carles Puigdemont . El expresidente de la Generalitat estaba a la espera del cumplimiento de la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia de la Unión Europea , pero todo ha sido nuevamente paralizado por el juez Pablo Llarena.
Este rechazo de la aplicación de la amnistía sobre Puigdemont , la cual fue solicitada por petición propia, ha sido explicado por el propio magistrado en base a que dictó auto el pasado mes de julio de 2024 tras la entrada en vigor de la ley de Amnistía, denegando la aplicación de la misma en la figura del expresidente porque, sobre todo, considera que el delito de malversación de fondos públicos queda fuera del alcance de dicha normativa.
Esta malversación de fondos se explica, sobre todo, con la financiación del referéndum y todo lo relacionado al mismo con dinero público cuando, según el magistrado, se debería haber pagado con dinero personal.
Ahora, el expresident queda a la espera del Constitucional, mientras tanto no solo no se le aplica la amnistía, sino que la ley de detención que existe sobre su persona en caso de que intente entrar en el país va a seguir vigente.




