Teresa Freixes, jurista, sobre la decisión del Tribunal Constitucional y la amnistía a Puigdemont: “Ha habido lo que denominamos un ultra vires”
Como catedrática en Derecho Constitucional, apunta en Cadena COPE que jurídicamente no se ha actuado de manera adecuada

Este miércoles, 7 de octubre, Cadena COPE ha entrevistado a la catedrática en Derecho Constitucional, Teresa Freixes . La decisión del Tribunal Constitucional en el ‘caso Puigdemont’ ha reabierto un debate jurídico y popular. De momento, se ha retirado la orden de detención contra el político catalán, lo que le facilita su vuelta a España.
Dada la situación, Freixes considera que el Tribunal Constitucional ha cometido lo que comúnmente se denomina en Justicia un “ultra vires”. Para quien lo desconozca, este término proviene de la expresión latina que significa literalmente “más allá de las facultades” o “fuera de las competencias”. Para la jurista, este órgano ha sobrepasado los límites establecidos de sus funciones.
Teresa Freixes describe la decisión del Tribunal Constitucional como “jurídicamente un desastre”
También ha explicado las razones por las que ha llegado a pensar eso. En primer lugar, cree que, en este caso, el Tribunal Constitucional ha actuado como un tribunal de instancia, olvidándose de que sus funciones tienen que ver con las garantías constitucionales. Así pues, su modo de actuar le parece “jurídicamente un desastre” , pues esto debería haber recaído sobre el Tribunal Supremo.
Uno de los motivos del Constitucional para sustentar su decisión fue que el dinero público del procés no se empleó para enriquecerse personalmente. Ahora bien, Freixas no está de acuerdo con esta idea y recuerda que la malversación también incluye el enriquecimiento indirecto. O lo que es lo mismo, ese dinero público se utilizó para algo que “tenía que haber sido pagado de su bolsillo”.
Por último, Teresa Freixas recuerda que el asunto Puigdemont aún no hay que darlo por sentado. Todavía están activas dos consultas judiciales, ambas a nivel europeo: una de ellas planteada por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña y la otra por el juzgado de Vilanova i la Geltrú.







