¿Puede haber una huelga general por la vivienda? Esto dice la ley

La posibilidad de una huelga general por la vivienda ha comenzado a ganar peso tras el rechazo del Congreso a los dos decretos que el Gobierno de coalición había acordado para responder a la crisis habitacional. Las movilizaciones celebradas este fin de semana han compartido un mismo lema: " Hacia la huelga general ".

El Sindicato de Inquilinas ha reclamado a los sindicatos más representativos a nivel estatal, CCOO y UGT, que convoquen un paro por la vivienda y el coste de la vida. Sin embargo, por ahora no existe una convocatoria formal. El debate ha abierto también una cuestión jurídica: ¿es posible convocar legalmente una huelga general para reclamar medidas relacionadas con la vivienda? El presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, ha puesto en duda que una huelga de estas características pueda encajar en la legalidad al considerar que la vivienda " no está dentro de un conflicto laboral ". La respuesta, sin embargo, no es tan sencilla.

¿Qué dice la ley sobre el derecho a la huelga?

El artículo 28.2 de la Constitución reconoce " el derecho a la huelga de los trabajadores para la defensa de sus intereses " y establece que debe garantizarse el mantenimiento de los servicios esenciales de la comunidad. La regulación se encuentra principalmente en el Real Decreto-ley 17/1977, de 4 de marzo, sobre relaciones de trabajo, una norma anterior a la Constitución que continúa vigente con las modificaciones derivadas de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, especialmente de su sentencia 11/1981.

El Tribunal Constitucional estableció entonces que, aunque la titularidad del derecho corresponde a los trabajadores, su ejercicio colectivo puede ser organizado por los propios trabajadores, sus representantes o por organizaciones sindicales con implantación en el ámbito laboral al que se extienda la huelga. Esto introduce una primera diferencia importante: que una organización se denomine "sindicato", como ocurre con el Sindicato de Inquilinas, no significa que tenga automáticamente las facultades que la legislación atribuye a los sindicatos de trabajadores.

Por tanto, para que una huelga general quede amparada por el artículo 28.2 de la Constitución, la convocatoria debe proceder de los trabajadores, de sus representantes o de una organización sindical de trabajadores con implantación en el ámbito correspondiente. De ahí que el Sindicato de Inquilinas haya trasladado su petición a CCOO y UGT. Una vez convocada legalmente una huelga, cualquier trabajador incluido en su ámbito puede secundarla, esté o no afiliado a la organización convocante.

CCOO y UGT todavía no han convocado una huelga general

Por ahora, las dos principales organizaciones sindicales no han dado ese paso. CCOO y UGT hicieron un llamamiento a participar en las movilizaciones celebradas en distintos puntos del país y anunciaron que reunirían a sus órganos de dirección para decidir sus próximos movimientos. Ambas centrales plantean una " estrategia de unidad de acción sindical y de confluencia " con movimientos sociales, organizaciones vecinales, colectivos de inquilinos y otros sindicatos. Su argumento parte de que el encarecimiento de la vivienda se ha convertido en un factor que afecta directamente a la economía de los trabajadores. El aumento de los alquileres y del precio de la vivienda, sostienen, puede terminar absorbiendo las mejoras salariales pactadas en convenio y las subidas del salario mínimo.

Mientras tanto, CGT ya ha manifestado su disposición a impulsar una huelga general por la vivienda y sectores de CNT también han expresado su respaldo a utilizar esta herramienta. Sindicatos como CIG, ELA o USO han apoyado las movilizaciones y han relacionado igualmente el encarecimiento de la vivienda con las condiciones económicas de los trabajadores. En cualquier caso, CCOO y UGT no serían imprescindibles desde el punto de vista jurídico: una organización sindical de trabajadores que tenga implantación en el ámbito de la convocatoria puede estar legitimada para convocarla. La participación de las dos grandes centrales, eso sí, ampliaría el alcance de un eventual paro estatal.

¿Qué requisitos requiere una huelga general?

Una convocatoria de huelga debe cumplir una serie de requisitos formales. El Real Decreto-ley de 1977 establece que debe comunicarse por escrito a la autoridad laboral y a los afectados con un mínimo de cinco días naturales de antelación. Cuando afecta a empresas encargadas de prestar servicios públicos, el plazo de preaviso se eleva a diez días naturales y debe garantizarse una publicidad suficiente para que los usuarios conozcan la convocatoria. El escrito debe especificar los objetivos de la huelga, las gestiones realizadas previamente para intentar solucionar el conflicto, la fecha prevista de inicio y la composición del comité de huelga, que no puede estar integrado por más de 12 personas.

En una huelga general de ámbito estatal tampoco es necesario comunicar individualmente el paro a todas las empresas. El Tribunal Constitucional abordó esta cuestión tras la huelga general del 14 de diciembre de 1988 y consideró, en su sentencia 36/1993, que exigir una notificación empresa por empresa haría prácticamente imposible organizar una convocatoria nacional. En los servicios considerados esenciales pueden establecerse servicios mínimos, que deben estar justificados y ser proporcionales. Además, durante una huelga legal el contrato de trabajo queda suspendido y el trabajador deja de percibir el salario correspondiente al periodo de paro, pero no puede ser sancionado por participar en ella.

El punto clave: ¿la vivienda forma parte de los intereses laborales?

Aquí se encuentra la principal incógnita jurídica de una eventual huelga general por la vivienda. El artículo 11 del Real Decreto-ley de 1977 considera ilegal una huelga cuando se inicia o mantiene " por motivos políticos o con cualquier otra finalidad ajena al interés profesional de los trabajadores afectados ". Una interpretación estricta podría llevar a considerar que una protesta destinada a modificar determinadas políticas públicas sobre vivienda queda fuera del ámbito laboral. Sin embargo, la jurisprudencia constitucional ha interpretado de manera más amplia qué debe entenderse por " interés profesional ".

Ya en 1981, el Tribunal Constitucional señaló que los intereses defendidos mediante una huelga no tienen por qué limitarse exclusivamente a los intereses particulares de cada trabajador. También pueden comprender aquellos que afectan a los trabajadores " en cuanto tales" . La cuestión de la vivienda presenta, no obstante, una dificultad añadida: no existe hasta ahora un precedente equivalente del Tribunal Constitucional que haya establecido específicamente que el acceso a la vivienda o el precio de los alquileres constituyan, por sí solos, un interés profesional suficiente para justificar una huelga.

La conexión podría resultar más clara si las reivindicaciones se vinculan con cuestiones como el coste de la vida, la pérdida de poder adquisitivo, los salarios o las condiciones económicas de los trabajadores. En ese caso, podrían encajar en la interpretación amplia que el Constitucional ha realizado del concepto de interés profesional. Pero, si finalmente se convocara un paro y su legalidad fuese cuestionada, serían los tribunales los encargados de determinar si esa relación entre vivienda e intereses profesionales de los trabajadores es suficiente para que la protesta quede amparada por el derecho fundamental de huelga.