Joan Manuel Trayter, abogado, desvela si las administraciones tienen potestad para desalojar la acampada de Sol: “Está protegido, pero entran en juego otros derechos”
El letrado da su punto de vista, en base a su experiencia, en ‘Verifica RTVE’ de Radio Nacional de España (RNE)
Estamos ante el sexto día de la acampada en la Puerta del Sol de Madrid t ras el desahucio de Maricarmen y los dos decretos que tiene previstos sacar adelante el Gobierno en materia de vivienda. No se prevé un desalojo inmediato , ya que, desde este lugar emblemático de la capital, los manifestantes apuntan que estarán el tiempo que sea necesario.
Sin embargo, Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, llevó esto ante la justicia con un recurso-administrativo con medidas cautelarísimas para que se disuelva la acampada de “inmediato”. En la misma línea, desde el propio Ejecutivo madrileño también se mandó un requerimiento a la Delegación del Gobierno para que desalojara Sol en “un plazo máximo de 48 horas”. No obstante, su respuesta fue que “respetaran” el derecho de reunión.
Pues bien, los puntos de vista de los expertos acerca de si las administraciones tienen la potestad para desalojar esta acampada en Sol con este derecho de reunión encima de la mesa no cesan . Una de las más destacadas ha sido la de Joan Manuel Trayter, abogado, quien se pronunció sobre ello en el programa ‘Verifica RTVE’, de RNE.
El punto de vista de Joan Manuel Trayter, abogado, sobre la acampada en Sol: “Derecho fundamental”
Trayter , también catedrático de Derecho Administrativo, afirmó que el derecho de reunión y manifestación está “constitucionalmente protegido y es un derecho fundamental”. De la misma manera, el letrado cree que “lo que no se protege es convertir ese derecho de reunión , que puede ejercerse con una simple comunicación y es un derecho fundamental, en una ocupación permanente o indefinida de la plaza".
Para finalizar, el abogado opina que también entran “en juego” otros derechos de los ciudadano s, como puede ser el de la libre circulación. Y es que los ciudadanos de la capital y los comercios de alrededor también se ven implicados en las ‘consecuencias’ de esta acampada.
