El video de Gustavo Petro con Deyci Jiménez que sacude la política: los contratos y las claves del caso

La difusión de un video de 54 segundos entre Deicy Jiménez y el expresidente Gustavo Petro reavivó una de las controversias judiciales y políticas más sensibles de Colombia: la acusación de que contratos públicos habrían sido utilizados para obtener favores sexuales . Hasta ahora, no hay una condena ni una conclusión judicial: existen contratos documentados, una denuncia, investigaciones en curso y una fuerte disputa sobre el valor probatorio del material audiovisual.

Deicy Alejandra Jiménez Ramírez , de 26 años y excontratista del Estado, sostiene que conoció a Petro en 2019, cuando él era senador, y que posteriormente mantuvo una relación con él. Según su versión, recibió contratos en entidades públicas a cambio de encuentros sexuales y afirma que entre 30 y 40 mujeres habrían participado en esquemas similares.

Jiménez señala que los contratos habrían abarcado aproximadamente cinco años , incluyendo el período en que Petro era senador y su posterior presidencia. También asegura que el video publicado busca demostrar la existencia de una relación íntima previa entre ambos.

El material fue publicado el miércoles 4 de noviembre de 2026 en la cuenta de Instagram de Jiménez. Tiene una duración de 54 segundos y muestra una conversación y un beso entre la denunciante y el expresidente ; Jiménez lo presenta como evidencia del vínculo personal que alega.

Sin embargo, la existencia de una relación personal, incluso si fuera confirmada, no prueba por sí sola una irregularidad contractual. El punto jurídico central es establecer si hubo una conexión entre esa relación y la adjudicación, ejecución o pago de contratos públicos.

Los contratos documentados

Los registros del Sistema Electrónico para la Contratación Pública, SECOP, muestran que Jiménez tuvo contratos con entidades estatales. La investigación se concentra en cinco contratos por más de 100 millones de pesos , vinculados al Ministerio del Interior, el Senado —durante la gestión de María José Pizarro—, la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada y un acuerdo proyectado en el Dapre.

Una revisión citada por medios internacionales identificó diez contratos en SECOP por 133,5 millones de pesos . Siete, por cerca de 116,9 millones, corresponden a agosto de 2022 y agosto de 2026; los otros tres fueron suscritos en 2021 y comienzos de 2022, cuando Petro aún era senador.

Senado de la República - 2023, durante la gestión de María José Pizarro - Contratos documentados y objeto de escrutinio.

Ministerio del Interior - 2025/2026, bajo Armando Benedetti - Contratos documentados y mencionados en la denuncia.

Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada - 2025 - Contrato documentado en SECOP.

Dapre - Proyecto contractual - Se trata de un acuerdo proyectado, según la información disponible.

Petro negó haber usado contratos estatales para obtener favores sexuales. En sus comunicados sostuvo: “Nunca usé un contrato del Estado para obtener favores de nadie” , y afirmó que las mujeres que trabajaron en su gobierno llegaron por su capacidad y esfuerzo.

El expresidente no negó conocer a Jiménez, pero sí rechazó la interpretación de que existiera una relación entre encuentros privados y contratación pública. Respecto del video, argumentó que no ha sido examinado por peritos ni valorado por un juez, y que en él no aparece un contrato, un pago ni una decisión de gobierno.

La defensa cuestiona la prueba

El abogado Alejandro Carranza, representante de Petro, cuestionó que el video carezca de fecha, lugar y origen verificable . Solicitó que su autenticidad, integridad, contexto y alcance sean establecidos mediante peritaje y dentro de un proceso con garantías para todas las partes.

Esta objeción es jurídicamente relevante: un video puede servir como elemento de investigación, pero su fuerza probatoria depende de su cadena de custodia , autenticidad, fecha, contexto y relación con los hechos denunciados. La defensa sostiene que, mientras eso no ocurra, el material no constituye prueba definitiva.

La Fiscalía General de la Nación abrió una investigación penal el 23 de octubre, tras las declaraciones de Jiménez sobre supuestos pagos de favores sexuales mediante contratos públicos. La Procuraduría también abrió una indagación previa para identificar posibles responsabilidades disciplinarias en el Congreso, el Dapre, el Ministerio del Interior y otras entidades.

Jiménez ya rindió declaración ante la Corte Suprema de Justicia . Además, la Fiscalía citaría inicialmente a declarar a exfuncionarias del gobierno Petro, entre ellas Laura Sarabia y Angie Rodríguez.

Posibles delitos investigados

Varios exfiscales generales coincidieron en que el caso debería tramitarse ante la justicia penal ordinaria y no ante la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes . Entre las conductas que podrían analizarse mencionaron peculado, falsedad en documento público, trata de personas e inducción a la prostitución, aunque estas son hipótesis investigativas y no conclusiones.

La distinción importa: que existan contratos no implica ilegalidad; y que exista una relación personal tampoco demuestra corrupción . La investigación deberá determinar si hubo una utilización indebida de recursos públicos, falsificación o uso irregular de certificaciones, presión sobre funcionarios, o si los contratos cumplieron los requisitos legales.

Nuevas pruebas anunciadas

Según allegados de Jiménez citados por El Tiempo, el teléfono visible en el video contendría pruebas adicionales . Se habrían recopilado copias espejo de seguridad para entregarlas a las autoridades, junto con testimonios de terceros vinculados a la administración anterior.

También se han mencionado chats filtrados y reportes periodísticos según los cuales una certificación usada para la vinculación de Jiménez habría carecido de autorización oficial . Este punto podría ser decisivo, porque una certificación irregular puede abrir una línea de investigación distinta a la del supuesto intercambio de favores.

Qué está probado y qué no

Existencia de contratos de Jiménez con entidades pública s: Documentada en SECOP y reconocida en la cobertura del caso.

Relación personal entre Jiménez y Petro : Alegada por Jiménez y respaldada, para ella, por el video; Petro no ha negado conocerla.

Entrega de contratos a cambio de favores sexuales : Afirmación de la denunciante; Petro la niega y no hay condena judicial.

Autenticidad y contexto del video : En disputa; la defensa exige peritaje judicial.

Responsabilidad penal o disciplinaria : No determinada; Fiscalía y Procuraduría investigan.

Más allá de la dimensión política, el caso toca un principio básico de la administración pública: los contratos estatales deben adjudicarse por mérito, necesidad del servicio y procedimientos legales , no por relaciones personales ni favores privados. Si se comprobara una vinculación entre favores sexuales y contratación pública, las consecuencias podrían incluir responsabilidad penal, disciplinaria y política. Por ahora, el escándalo se encuentra en una etapa inicial. El video puede cambiar la percepción pública porque muestra proximidad entre los protagonistas, pero la decisión judicial dependerá de pruebas verificables: contratos, comunicaciones, certificaciones, testimonios, peritajes y el contexto exacto de cada adjudicación.