La OCU avisa del fraude de algunas autoescuelas 'low cost' que ofrecen precios cerrados
Conseguir el permiso de conducir requiere una gran inversión, pero los paquetes con precio cerrado suelen ocultar costes extra, fechas de caducidad y otras ilegalidades
Sacarse el carné de conducir todavía es para muchos conductores jóvenes algo importante. Muchos tratan de costeárselo por medio de sus primeros ingresos, y a todos les resulta atractivo escuchar hablar de un precio cerrado , por si se les complica la cosa. Sin embargo, la OCU ha revelado que los paquetes que prometen un servicio completo por costes mínimos incluyen con frecuencia gastos imprevistos, plazos de caducidad draconianos y cláusulas que acaban complicando la vida al joven aspirante.
La regulación del sector de las autoescuelas en España tiene una doble capa de protección legal. Por un lado, las academias deben someterse a la normativa de la DGT, que exige autorizaciones , vehículos en condiciones y profesorado cualificado. Por otro lado, la actividad de estos centros está sujeta a las leyes de defensa del consumidor , que exigen transparencia en la información previa al contrato y obligan a desglosar hasta el último céntimo de la operación. Pero al parecer esto no siempre sucede.
El origen de la mayoría de los conflictos reside en la publicidad engañosa . Es habitual encontrar anuncios que prometen que te vas a sacar el carnet por muy poco dinero incluyendo matrícula, clases teóricas y un número determinado de prácticas. El problema aparece cuando haces la inscripción y descubres que las tasas administrativas de examen de la DGT deben abonarse por separado, o que la tramitación de tu expediente genera costes de gestión que no van incluidos.
A esto se suma que la cantidad de clases prácticas incluidas suele resultar insuficiente para que los profesores te consideren preparado, lo que te obliga a contratar clases adicionales a precios muy superiores a la media del mercado. La ley es contundente a este respecto y dice que la oferta publicitaria vincula legalmente al anunciante y exige que las condiciones publicadas se mantengan estrictamente en la factura final.
Y ahí no acaba la cosa, porque en muchas ocasiones pierdes todo lo que hayas pagado en caso de que decidas abandonar la formación, tal vez porque te quieras cambiar de ciudad. Además, algunos centros imponen tarifas desorbitadas por gestiones de trámite sencillas, exigiéndote sumas elevadas por expedir el certificado de traslado a otro establecimiento. O bien te pones barreras burocráticas para que no tramites la baja del curso, si te arrepientes.
Puestos a enumerar las 'trampas', también es frecuente la comercialización de bonos de clases prácticas sujetos a una fecha de caducidad . Esto es especialmente grave cuando la autoescuela no tiene los suficientes coches y deja que se acumulen listas de espera prolongadas, o bien cuando no dispone de profesores suficientes para atender la demanda en los horarios prometidos. En estos casos el fallo en la prestación responde a la incapacidad organizativa de la propia empresa y nunca a la inasistencia del estudiante.
Y también resulta inaceptable la exigencia de cuotas periódicas mientras la academia retarda la asignación de un profesor . Como lo es también la modificación unilateral de los precios durante el transcurso del curso alegando, por ejemplo, que ha subido el precio de los combustibles.
Si te sientes víctima de alguna de estas irregularidades, lo más recomendable según la OCU es que presentes un escrito ante la propia dirección del centro, explicando que no se han respetado los términos firmados o anunciados y conservando copia sellada de todo el expediente, la publicidad corporativa y los justificantes bancarios. En caso de no obtener una respuesta satisfactoria, puedes recurrir a los sistemas de arbitraje de consumo , una vía gratuita y vinculante siempre que la empresa esté adherida al sistema.
De forma complementaria, la DGT mantiene la capacidad inspectora y sancionadora sobre las autoescuelas en lo relativo al cumplimiento de su autorización de funcionamiento. Si los cauces extrajudiciales fracasan, la vía judicial ordinaria ofrece garantías adicionales y te permite interponer demandas por importes inferiores a 2.000 euros sin necesidad de contratar abogado ni procurador.
