Hacienda bloquea 23.000 millones de euros que los ayuntamientos podrían destinar a vivienda social
La FEMP reclama regular ya el uso de los ahorros municipales
El Ministerio de Hacienda mantiene en el aire unos 23.000 millones de euros que los ayuntamientos podrían dedicar a construir vivienda social . Según han trasladado fuentes de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) a El Economista , el departamento todavía no ha aprobado la regulación que permitiría a las entidades locales invertir sus remanentes de tesorería, es decir, los ahorros acumulados en ejercicios anteriores.
Esos fondos se canalizarían a través de las llamadas Inversiones Financieramente Sostenibles (IFS) , un mecanismo que orienta el gasto municipal preferentemente hacia la promoción de viviendas sociales. Lo que piden los alcaldes es que se fije por ley cómo pueden emplearse.
Una reclamación que se lleva produciendo desde marzo
La FEMP lleva reclamando el desbloqueo de este dinero desde marzo. Ya en 2025 los ayuntamientos denunciaban que la Ley de Estabilidad Presupuestaria sólo les permite destinar el superávit a amortizar deuda o pagar intereses, lo que les impide emplearlo en otras partidas como la vivienda.
El real decreto en vigor prevé que el superávit obtenido en 2024 se invierta entre 2025 y 2027. Los municipios advierten de que los proyectos residenciales necesitan plazos más amplios , y deben comunicar también a Hacienda el destino de cada gasto.
Dinero parado en plena crisis de vivienda
El bloqueo llega en un momento crítico para el acceso a la vivienda. El Banco de España cifra en unas 750.000 unidades el déficit de oferta , una de las razones por las que los precios siguen subiendo, especialmente para los jóvenes. Prácticamente todos los consistorios están dispuestos a destinar sus ahorros y su superávit a paliar esta situación.
Según datos de Hacienda , de los más de 3.200 millones que las entidades locales podían movilizar mediante IFS, apenas ejecutaron unos 268 millones , un 8,4%, la cifra más baja desde que el mecanismo arrancó en 2014. La autorización tardía y las rígidas reglas fiscales explican buena parte de esa paradoja: el dinero existe, pero no llega a convertirse en viviendas.
