El Consejo de Ministros aprobará el martes las ayudas económicas por el accidente de Urda para las víctimas y familiares
El Gobierno también recibirá un informa de Óscar Puente
El Consejo de Ministros prevé aprobar el próximo martes un real decreto con ayudas para los afectados por el accidente ferroviario de Urda (Toledo) y recibirá un informe del ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, sobre lo sucedido.
La previsión, según han informado a EFE fuentes del Gobierno, es que sea el propio Puente quien comparezca el martes en la rueda de prensa en el Palacio de la Moncloa , tras la reunión del Consejo, para dar cuenta de ese informe y de las ayudas para las víctimas del accidente. Lo hará horas antes de comparecer ante la Diputación Permanente del Congreso para informar también de los datos de que dispone sobre el accidente.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ya avanzó el pasado jueves, en una declaración en Toledo, que la Administración General del Estado, además de dar respuesta a la emergencia y volcarse en esclarecer lo sucedido , destinaría ayudas para los afectados. Al igual que ante otras catástrofes, esas ayudas se recogerán en un real decreto que prevé aprobar el Gobierno el martes.
El informe de Óscar Puente: primeras explicaciones oficiales del Gobierno
En esa reunión del Consejo, la primera tras el accidente ferroviario, Puente presentará un informe sobre lo sucedido y que recogerá, previsiblemente, detalles de las explicaciones que dio en rueda de prensa el pasado viernes en el Ministerio de Transportes.
Puente volvió a descartar en ella que vaya a dimitir y avanzó que está preparando una batería de medidas para minimizar la posibilidad de fallos técnicos y "recuperar la confianza" de los españoles en el sistema ferroviario.
Una confianza que el propio Sánchez admitió el viernes que está "quebrada" tras este accidente y el de Adamuz (Córdoba) el pasado 18 de enero de enero.
Nueve días después del accidente de Adamuz, el Consejo de Ministros aprobó un real decreto que fijaba una indemnización de algo más de 210.000 euros por fallecido como parte de un conjunto de ayudas inmediatas y adelantos a las víctimas.
