Demandan al hermano de Mette-Marit de Noruega por la quiebra de una escuela de aviación: 60 alumnos reclaman su dinero
Los estudiantes de Pilot Flight Academy reclaman responsabilidades por el cierre de la academia, que dejó a 160 aspirantes a piloto sin poder continuar su formación y provocó el despido de 40 trabajadores

La familia real noruega vuelve a situarse en el centro de la polémica por un nuevo frente judicial que afecta al entorno más cercano de Mette-Marit. En esta ocasión, el protagonista es su hermano, Espen Høiby, de 67 años, quien se enfrenta a una demanda colectiva presentada por antiguos alumnos de Pilot Flight Academy, una escuela de aviación situada en el aeropuerto de Torp, en Noruega. Los estudiantes reclaman responsabilidades por las pérdidas económicas que sufrieron tras el cierre de la institución a comienzos de año, según ha informado la cadena pública noruega NRK .
Los afectados sostienen que la dirección de la academia gestionó de forma tardía y poco transparente las dificultades económicas de la empresa. Cada estudiante había pagado por adelantado alrededor de 250.000 coronas noruegas, unos 21.500 euros, por una formación que finalmente no pudo completar. El cierre dejó a unos 160 aspirantes a piloto sin plaza y a 40 trabajadores sin empleo.
La investigación sobre la quiebra de la academia
La reclamación, respaldada por el sindicato Parat, también se dirige contra Per Mikael Eriksson, antiguo director general y expresidente del consejo de administración. Los demandantes pretenden que se esclarezca si los responsables retrasaron la declaración de insolvencia pese a conocer la delicada situación financiera de la empresa.
Las sospechas se intensificaron después de que Kåre Jølberg, el administrador concursal encargado de liquidar la academia, detectara posibles irregularidades societarias y contables. Después de examinar la documentación, trasladó el expediente a la policía noruega ante los indicios de posibles delitos. Los denunciantes sostienen que el centro siguió captando alumnos y recibiendo pagos cuando su viabilidad económica ya estaba comprometida.
La Fiscalía estudia si procede abrir diligencias penales, mientras la reclamación de los antiguos estudiantes continúa su curso. Por el momento, las acusaciones no equivalen a una condena y las posibles responsabilidades de los demandados están pendientes de esclarecerse.
La defensa de Høiby y Eriksson rechaza las acusaciones. Su abogado, Kristoffer Aasebø, considera que la versión de los antiguos alumnos es parcial e inexacta y niega que el hermano de Mette-Marit formara parte del consejo de administración o actuara como representante de la academia ante los estudiantes.
En cuanto a Høiby Eriksson, la defensa sostiene que la empresa contaba con compromisos de financiación por parte de sus accionistas que finalmente no se materializaron. Según esta explicación, la falta de esa aportación económica contribuyó al desenlace y no existió intención de defraudar.
Las dificultades financieras de la institución ya habían trascendido antes de su cierre. A finales de 2025, varios medios noruegos informaron de las deudas y los procedimientos de cobro que afectaban a la academia, pese a que estaba previsto que las clases comenzaran en enero.
Un nuevo foco de atención para la familia real noruega
La demanda llega en un momento delicado para la imagen pública de la familia real noruega, que en los últimos tiempos ha afrontado diversas controversias. Entre ellas figuran la relación de Mette-Marit con Jeffrey Epstein y el caso judicial de su hijo, Marius Borg Høiby, cuya situación ha generado una amplia repercusión mediática.
Espen Høiby, por su parte, ha desarrollado buena parte de su trayectoria profesional en el sector de la aviación. Comenzó a trabajar como piloto en 1983 y, tres años después, se incorporó a Scandinavian Airlines, compañía en la que permaneció durante 28 años y donde ejerció como capitán e instructor.
Ahora, su vinculación con Pilot Flight Academy vuelve a situarlo bajo el foco mediático. La evolución de la demanda y de las posibles actuaciones de las autoridades noruegas determinará si las sospechas sobre la gestión de la quiebra derivan en responsabilidades civiles o penales.






